Controversia en la industria de defensa española:
Santa Bárbara Sistemas impugna créditos millonarios ante el Supremo
La industria de defensa española vive un momento de gran tensión tras la admisión a trámite en el Tribunal Supremo de un recurso contencioso-administrativo presentado por Santa Bárbara Sistemas (SBS) contra la concesión de créditos públicos por valor de miles de millones de euros a otras empresas del sector.
El origen del conflicto está en el Real Decreto 915/2025, aprobado por el Gobierno en octubre de 2025, que establece un régimen para la concesión de préstamos sin intereses por un total de más de 14 000 millones de euros a distintas compañías vinculadas a programas especiales de modernización militar.
Bajo este decreto, gran parte de la financiación se ha dirigido a una unión temporal de empresas (UTE) compuesta por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), destinada a poner en marcha los dos principales programas de artillería del Ejército español —obuses de ruedas y de cadenas— con importes que suman varios miles de millones.
Santa Bárbara Sistemas, que forma parte de la industria histórica de defensa terrestre en España, considera que no fue invitada a participar en los procesos negociados sin publicidad que llevaron a la adjudicación de estos contratos ni a la concesión de los créditos para su prefinanciación. Esto, según la empresa, limita gravemente su capacidad de competir en el mercado español y pone en riesgo su posición como referente en vehículos blindados y sistemas de artillería.
El recurso presentado ante el Tribunal Supremo no solo impugna la concesión de los préstamos, sino que solicita, como medida cautelar, que se suspendan unos 3.000 millones de euros en financiación pública a la UTE de Indra y Escribano destinados a estos dos programas clave. La admisión a trámite de esta petición indica que la justicia considera que existen argumentos suficientes para examinar la legalidad de la concesión de esos créditos.
Además de los problemas de competencia, Santa Bárbara Sistemas argumenta en su recurso que la forma en que se han diseñado los procedimientos y se han otorgado estos créditos puede tener efectos adversos sobre la tecnología, los empleos y los proveedores nacionales, debilitando el ecosistema industrial de defensa español frente a competidores internacionales.
El impacto de esta disputa trasciende lo mercantil. Empresas como Indra han acumulado importantes contratos y financiación en el marco del Plan de Modernización Militar aprobado por el Gobierno, lo que ha llevado a un crecimiento muy significativo de su cartera de proyectos y a una presencia dominante en adjudicaciones, según informes del sector.
La situación ha reabierto el debate sobre la política industrial de defensa en España y el papel que el Estado debe jugar en la asignación de recursos públicos para sostener capacidades estratégicas, especialmente en ámbitos en los que existe un tejido industrial con experiencia consolidada.
Para el Ejército de Tierra y, por extensión, para las Fuerzas Armadas en su conjunto, esta controversia tiene una dimensión práctica. Los programas afectados —sistemas de artillería, vehículos blindados o capacidades terrestres avanzadas— forman parte de la modernización de capacidades que se considera esencial para mantener la operatividad de nuestras unidades en un entorno de seguridad exigente y cambiante.
CONSECUENCIA
Mientras el Tribunal Supremo valora el fondo del recurso y la posible suspensión cautelar de parte de los créditos, la industria española de defensa se enfrenta a un escenario de incertidumbre jurídica y comercial que podría influir negativameente en la ejecución de programas y en la competividad de sus empresas, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, y en consecuencia en la eficacia de nuestra Defensa.